La Agencia de Protección de Datos da un toque de aviso a las redes sociales

Artemi Rallo, director de la Agencia Española de Protección de Datos, ha dado un toque de atención a las redes sociales, ya que considera que ‘los sistemas de verificación de la edad de menores no son seguidos por la mayor parte [de estas redes], que siguen manteniendo los perfiles de menores de 14 años‘.

Estas declaraciones se producen en el marco de la 31 Conferencia Internacional de Protección de Datos y Privacidad, que se está celebrando en Madrid. Con la normativa actual, los menores de 14 años necesitan una autorización paterna para registrarse en este tipo de servicios, pero desde la Agencia se critica que muchas de estas redes no realizan comprobaciones suficientes para garantizar esto.

La directora representante de MySpace en la Conferencia, Patricia Luquero, ha valorado positivamente la medida implantada por Tuenti, que en el caso de que un perfil presente dudas sobre la edad del usuario, solicita a los perfiles sospechosos una copia del DNI, y en caso de no recibir respuesta en 92 horas, dichos perfiles son “depurados”.

Artemi Rallo considera que “MySpace, Facebook y otras redes sociales están jugando con fuego al no implementar estos sistemas de verificación de la edad, en el sentido de que pueden estar agotando la paciencia de las autoridades que velan por el cumplimiento de la normativa de protección de datos.”

Pero la medida de Tuenti, implantada tras conversaciones mantenidas con la propia Agencia de Protección de Datos, no puede generalizarse tan fácilmente. La propia Luquero afirmó que habría que comprobar que el DNI es válido en Estados Unidos, donde está la sede de MySpace, lo que es también aplicable a otras redes como Facebook.

Como siempre, todo es una cuestión de formación. No es suficiente concienciar a lo niños de que las redes sociales están muy bien, pero como en todo está el lado malo y hay que saber cómo usarlas. También es necesario una capacitación de los padres, lo que suele ser más complicado, puesto que la brecha digital está ahí y se nota.

Facebook es, por su tamaño, una de las redes sociales que más encontronazos ha estado teniendo con las autoridades de diversos países en cuanto a privacidad y protección de datos. Hace un par se meses, se vio forzada a cambiar sus políticas de datos debido a las fuertes presiones llevadas a cabo por el gobierno canadiense, y seguro que su ejército de abogados tiene muy poco tiempo libre.






genbeta.com

20 millones de clientes de móviles prepago deben identificarse o perderán su número

Las compañías de telefonía móvil tienen dos años, a partir de ahora, para localizar a más de 20 millones de clientes que utilizan tarjetas prepago -sin contrato y, por tanto, anónimos- y exigirles sus datos para incluirlos en un registro. Transcurrido ese plazo, las compañías estarán obligadas a desactivar las tarjetas. Así lo establece la Ley de Conservación de Datos relativos a las Comunicaciones Electrónicas, que ayer aprobó definitivamente el Congreso -por unanimidad- y que obliga a las compañías a guardar los datos de usuarios y llamadas (salvo su contenido) y cederlos en investigaciones criminales.



La ley, pensada para perseguir delitos de terrorismo o crimen organizado, obliga a las operadoras de telefonía fija, móvil y por Internet a guardar durante un máximo de dos años los datos de los usuarios -nombre, dirección y número de teléfono de ambos interlocutores, y hora y duración de las llamadas, pero no su contenido- y cedérselos a los cuerpos de seguridad si así lo autoriza un juez. En la actualidad, las compañías ya conservaban algunos datos durante dos o tres meses (por motivos comerciales), pero no estaban obligadas a ello.

La investigación de los atentados del 11-M sacó a la luz la importancia de esta vía de investigación: las bombas fueron activadas con móviles, y el rastreo de éstos ayudó a localizar a varios de los sospechosos. Tras aquellos atentados en Madrid y los de Londres, de julio de 2005, la Unión Europea dictó una directiva que el Parlamento español desarrolla ahora en esta ley.

Almacenar los datos de los clientes que tienen teléfono fijo o un móvil con contrato es sencillo, porque ya obran en poder de las operadoras. Pero quienes utilizan móviles con tarjeta prepago son anónimos. Por eso, la ley incluye una disposición adicional que da instrucciones precisas a las compañías sobre qué hacer en este caso: deberán llevar un "libro-registro en el que conste la identidad de los clientes que adquieran una tarjeta [prepago]: nombre, apellidos, nacionalidad y DNI o pasaporte del comprador".

A los 20,4 millones de clientes que ya poseen un móvil sin contrato, las compañías van a tener que localizarlos -con campañas de publicidad o como se les ocurra, porque eso la ley no lo precisa- y pedirles los datos. "Transcurrido el plazo de dos años, los operadores vendrán obligados a anular o desactivar aquellas tarjetas de prepago respecto de las que no se haya podido cumplir con las obligaciones de inscripción". Eso sí, las compañías tienen seis meses desde ahora para adecuar sus equipos y preparar los mecanismos de registro.

La ley pretende "proteger la seguridad pública" pero "buscando el imprescindible equilibrio con el respeto a los derechos individuales" como el de la intimidad y la privacidad. Para lograr eso hay tres garantías: que los datos sólo se cederán con una autorización judicial previa, que únicamente se utilizarán en la investigación de delitos "graves" -no especifica cuáles son- y que en ningún caso se almacenarán ni, por tanto, cederán los datos referentes al "contenido" de las comunicaciones.

Es decir, la policía -si el juez lo autoriza- podrá saber el nombre y dirección de dos personas que hayan entablado una conversación -por teléfono fijo, móvil en llamada o mensaje, correo electrónico o telefonía por Internet-, a qué hora hablaron, desde dónde y durante cuánto tiempo. Pero no qué se dijeron. Salvo que obtenga un permiso judicial que autorice expresamente el pinchazo de la línea, aunque esa posibilidad ya existe ahora y sólo se concede cuando hay indicios claros de delito.

"Esta ley es un instrumento de lucha contra el crimen y creemos que los derechos individuales quedan plenamente garantizados", afirmó el diputado socialista Sebastián Fuentes, que agradeció el apoyo final de todos los grupos al texto del Gobierno (parcialmente enmendado en el Parlamento). Todos eran conscientes de que la directiva europea había que convertirla en ley antes o después, y ninguno consideró que el resultado final vulnere el derecho a la intimidad de los consumidores.

elpais.com